LECTURA 2

¿CULTURA O CRUELDAD?

La prohibición de las corridas de toros y la restricción al uso de escenarios que tradicionalmente han sido utilizados para tal fin, propuesta por el alcalde Gustavo Petro y materializada ya en un proyecto de acuerdo presentado en el Consejo de Bogotá, han hecho que el debate pase al ámbito legal tras la posibilidad de que haya prohibición de las corridas. 

Y todo tiene que ver con el alcance que Concejo capitalino le dé a la propuesta para que la ciudad cuente con una política pública en la protección animal, en la cual está incluida la negativa de aceptar las corridas de toros. 

Aunque la iniciativa no contiene la palabra "prohibición", en el proyecto de acuerdo presentado este martes 24 de enero por el concejal Roberto Sáenz -quien hace parte del partido del alcalde Petro- se establece que la Administración Distrital no podrá prestar sitios en los cuales se presenten actividades, "en que se infrinja maltrato a los animales".

Además estipula específicamente que se debe "retomar" la Plaza de Toros de La Santamaría y que esta solamente se podrá prestar para "la realización de espectáculos artísticos y culturales de gran formato". 

“Retomar la Administración de la Plaza de Toros “La Santamaría”, la cual fue concedida por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes –I.D.R.D. a la Corporación Taurina de Bogotá, estableciendo que solamente se autorizan en ella la realización de espectáculos artísticos y culturales de gran formato que giren alrededor de la vida, donde no se inflija maltrato ni sufrimiento a los animales, no se promueva la violencia contra ellos, no se muestre a animales realizando actividades contrarias a su naturaleza”, se lee en el proyecto de acuerdo. 

Incluso, en el proyecto de Sáenz se dice que se debe declarar a Bogotá como una ciudad que no fomenta el sufrimiento y la muerte de animales. Al final entrega un plazo de seis meses tras la firma del acuerdo para que el alcalde tome esas medidas.

“Declarar a Bogotá ciudad contraria a espectáculos alrededor del sufrimiento y la muerte de los animales”, reza en el numeral 4.3 del acuerdo.

Es allí donde se abre el debate jurídico pues, por un lado, la sentencia de la Corte reguló el tema de las corridas de toros y dejó claro que estas hacían parte de la "expresión cultural"; y por otro, queda la pregunta de si un acto administrativo como el acuerdo presentado al Concejo podría estar por encima de la ley.